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  • Cesar Armando Mejia Lozano

Aprobar la Ley de Seguridad Interior es legitimar el uso de la fuerza y la militarización del país:

* Representa un peligro para todos los mexicanos. El Partido del Trabajo rechaza tajantemente la Ley de Seguridad Interior aprobada por legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Encuentro Social en el pleno de la Cámara de Diputados, ya que contraviene tanto la Constitución como tratados internacionales signados por México puesto que legitima el uso de la fuerza por parte de los elementos castrenses y por ende la violación de derechos humanos. “Consideramos que avalar esa Ley es abrir la puerta para la instalación de un Estado de excepción permanente, ya que deja a criterio de las autoridades intervenir o implementar acciones ‘preventivas’ en un asunto que consideren de riesgo para la seguridad del país, desde una protesta ciudadana hasta lo relacionado con la delincuencia organizada, y aunque dicha ley se modificó para precisar que no podrá aplicarse para manifestaciones no violentas, se deja en manos del Presidente de la República decidir la intervención de los militares ante determinadas situaciones”, precisó el Coordinador Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez. El Partido del Trabajo se opone a que las fuerzas armadas suplan el papel que deberían desempeñar las policías civiles en sus tareas de Ministerio Público, investigación, persecución de delitos y detención de personas, ello devela el fracaso del gobierno en su estrategia de seguridad y muestra su incapacidad para resolver los problemas de ese ámbito. En los últimos años se ha demostrado que el Ejército en las calles no garantiza un combate efectivo de la inseguridad, en varias entidades del país, donde las fuerzas castrenses han realizado esas funciones, se ha constatado que la violencia no disminuye, por el contrario, ha aumentado. Advertimos sobre el grave error de la aprobación de esa Ley porque fomenta el uso discrecional de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sin establecer canales de coordinación con los distintos niveles de gobierno. Es evidente que la verdadera intención de esa Ley es mantener bajo control a una sociedad cada vez más crítica y dispuesta a manifestar su descontento en las calles por las decisiones de los malos gobiernos, es decir, pretenden institucionalizar métodos represivos para acallar la inconformidad y someter a millones de mexicanos. Ante ello nos pronunciamos por retirar a las fuerzas armadas de las calles, apegarnos a lo que dicta la Carta Magna en la materia, poner en el centro de la discusión el respeto a la dignidad humana e implementar una política integral de seguridad y justicia que incluya destinar mayores recursos para las policías civiles, invertir en su capacitación y dotarlos de las herramientas necesarias para el óptimo desempeño de sus responsabilidades. Hacemos un llamado a los Senadores de la República para evitar ese grave atropello a los derechos de los ciudadanos y se instale un régimen autoritario como aquel que nos gobernó durante poco más de 70 años, cometiendo toda clase de atropellos con tal de sostenerse en el poder. Urgimos a los legisladores a analizar con seriedad y responsabilidad una Ley tan importante para la vida de toda la nación.  


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