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  • Cesar Armando Mejia Lozano

La impunidad se agravará con la implementación de la Ley de Seguridad Interior

* Exhorta a la SCJN para declarar su inconstitucionalidad


* Es una amenaza para los derechos políticos y sociales de los mexicanos


El Partido del Trabajo advierte que con la implementación de la Ley de Seguridad Interior la impunidad se agudizará, por lo que hace un respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia de Nación para declarar su inconstitucionalidad, toda vez que se incrementarán los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, sin que medie investigación y mucho menos castigo a los culpables.


Exhortamos a la sensibilidad y buen juicio de los Magistrados para evitar que las Fuerzas Armadas de México cometan delitos contra la población civil bajo el cobijo de una ley que a todas luces contraviene los principios de nuestra Carta Magna.


Cabe recordar el alarmante incremento de abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas ejercidas por elementos castrenses, aunado a la omisión e incompetencia de las autoridades para sancionar a los responsables.


“Es imposible olvidar los casos en los que se ha visto involucrado el Ejército por las graves transgresiones de derechos humanos, secuestros, desapariciones forzadas, como lo fue en su momento el caso Tlatlaya o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; ejemplos emblemáticos de las atroces violaciones que se pueden llegar a cometer y que aún están en la impunidad total”, señaló Alberto Anaya Gutiérrez, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo.


Sostuvo que “hasta ahora, el gobierno no ha cumplido con las recomendaciones de distintos organismos internacionales y de derechos humanos para detener esta ley que otorga amplias facultades a las Fuerzas Armadas y que puede llevar a cabo investigaciones sin ningún tipo de orden judicial ni medidas concretas para la rendición de cuentas”.


A pesar de que las Fuerzas Armadas se han mantenido en las calles para frenar o contener al crimen organizado, los resultados han sido limitados, por no decir nulos, lo que demuestra que el Ejército en las calles no es la solución al problema, como tampoco lo es dotarlo de un marco jurídico de acción legal que sirva para encubrir las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, civiles, políticos y sociales de los mexicanos.


El Partido del Trabajo hace un llamado para atender las recomendaciones de los organismos internacionales sobre la Ley de Seguridad Interior y optar por el fortalecimiento de las instituciones policiales que garanticen la seguridad pública en nuestro país.


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